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Historia Educativa



Hace 61 años, la nación mexicana decidió establecer un servicio público educativo que sustentara los ambiciosos proyectos económicos y sociales de la Revolución. En 1910, como antecedente del movimiento que estaba por iniciarse, Justo Sierra, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fundó la Universidad Nacional de México. En 1921, del seno de la Universidad surgieron los ideales y el impulso para crear la Secretaría de Educación Pública y devolver así a la federación la responsabilidad en materia educativa que había perdido en 1917. 
           
En febrero de 1921, se inició en la Cámara de Diputados la discusión de la Reforma Constitucional necesaria para fundar la Secretaría de Educación Pública. Una abrumadora mayoría aprobó esta reforma.

Posteriormente, en la Cámara de Diputados se discutió el proyecto de decreto que daría origen a la Secretaría de Educación Pública el cual se aprobó por unanimidad el 28 de septiembre y fue promulgado al día siguiente por el presidente Alvaro Obregón.


Desde 1867 existía un Consejo de Instrucción Pública, el que, de acuerdo con el Superior Gobierno del Estado, intervenía en todo lo que se refería a la organización y mejoramiento de las escuelas.


El capítulo V de la Ley de Instrucción Pública, promulgada en 1887, definía a su cargo la sobrevigilancia de todas las escuelas del Estado, con excepción de las escuelas primarias que se delegaba al director de Educación Primaria, quien también fungía como integrante del Consejo.

Las facultades y atribuciones del Consejo de Instrucción Pública, eran entre otras, las siguientes: consultar al Ejecutivo y a los ayuntamientos todo lo relativo a la Instrucción Pública del Estado; promulgar, por todos los medios posibles, la uniformidad de la enseñanza; declarar la incorporación de las Escuelas Profesionales del Estado y de las escuelas o cátedras particulares que con sujeción a la ley debían solicitar sus directores; exigir a esos establecimientos el cumplimiento de las prevenciones de la Ley y declarar nula su incorporación cuando éstas no se cumplían.

No fue, sino hasta el gobierno del Lic. Olegario Molina Solís, el que se encargó de los asuntos de Instrucción Pública, que dio prioridad a la enseñanza primaria. Además, se creó un depósito común que se denominó "Fondo de Instrucción Pública" y se expidió el 24 de diciembre de 1902 la Ley de Pensiones para amparar las labores del magisterio. Pero aún prevalecía la problemática situación de los indígenas ya que nada se hizo por alfabetizarlos.

Durante la etapa huertista, el sistema educativo de Yucatán permaneció casi sin cambios o sustituciones de personal, mucho menos a un nivel orgánico.
El Gral. Salvador Alvarado, con quien se inicia en 1915 una fecunda época en el contexto del sistema educativo del Estado, logró el anhelo revolucionario de propiciar educación al pueblo "oprimido y explotado".

Después del truncado gobierno de Felipe Carrillo Puerto, se hizo cargo del gobierno el Gral. Ricárdez Broca, quien en el ramo educativo, sólo se ocupó de efectuar cambios en la jefatura del departamento. En resumen, los gobiernos posteriores a Felipe Carrillo Puerto se limitaron a efectuar sustituciones de unas personas por otras en la jefatura del Departamento.

No fue sino hasta 1930 y durante el gobierno del Profr. Bartolomé García Correa cuando los cambios efectuados por él mismo en la directiva del Departamento de Educación Primaria, anticipaba el intento de un cambio radical en la organización educativa. Esto se demuestra con el hecho de que el 19 de febrero de 1930, y por acuerdo del Ejecutivo del Estado, se formó un Consejo que se denominó "Consejo Técnico de Educación Pública" compuesto por el jefe del Departamento de Educación Primaria, el rector de la Universidad Nacional del Sureste, el delegado de Educación en el Estado, un representante de las escuelas particulares, un representante de la Liga de profesores, un representante de los estudiantes y un secretario; como presidente fungió el jefe del Departamento de Educación Primaria.


Este Consejo, a consecuencia de su complicado mecanismo, resultó poco práctico y fue suprimido a un mes de su efímera existencia. Este hecho dio cabida al restablecimiento, el 19 de marzo de 1930, del "Departamento de Educación Pública", del que debían depender las escuelas primarias urbanas de todo el estado, las rurales que no estuviesen a cargo de la Federación y las Normales. Mas tarde, al ser creadas las escuelas Secundarias, quedaron también bajo su dependencia.


Con la denominación y carácter de "Departamento de Educación Pública" funcionó hasta 1970, cuando el poder Ejecutivo encabezado por Carlos Loret de Mola se integró un equipo de 25 direcciones generales, creadas por la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que aprobó el Congreso del Estado el 25 de enero del mismo año.


Lo relacionado con la Dirección General de Educación Pública queda comprendido en el artículo 21 de esa ley la que le atribuye el fomento y la orientación de las escuelas estatales; la vigilancia del funcionamiento de los establecimientos respectivos, el desarrollo de los planes pedagógicos aprobados; someter a consideración del gobernador del Estado la expedición de certificados; el trámite de la concesión de exámenes de grado y la expedición de títulos a los profesores; promover la realización de congresos, asambleas, reuniones y concursos de carácter cultural y artístico, entre otras cosas.

 

 

 

 


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